Ansiedad y miedo
entre los indocumentados por la aprobación de nuevas directivas más agresivas
para su deportación.
Benito, un profesor de origen mexicano que trabaja en
Brooklyn, explica que sus alumnos de primaria -muchos de ellos ciudadanos
estadounidenses, pero hijos de indocumentados- llegan a clase y preguntan «qué
va a pasar con sus papás». María Elena, guatemalteca, también de Brooklyn,
tiene papeles, pero reconoce que hay «mucho miedo» en su comunidad. Hasta hace
poco, los millones de inmigrantes indocumentados sin ofensas graves a la ley,
dedicados a su trabajo y a su familia, vivían con cierta tranquilidad en
EE.UU., a pesar de las limitaciones de no estar regulados. Eso está cambiando
con la llegada al poder de Donald Trump, que en la parte más combativa de su
campaña electoral se comprometió a una deportación masiva de los indocumentados.
Una serie de redadas en comunidades con mucha presencia de indocumentados
desató las alarmas a los pocos días de la jura de su cargo. Ahora, la
Administración Trump se rearma para avanzar en la promesa electoral con la
publicación de nuevas directivas que guiarán al Departamento de Seguridad
Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) en la lucha contra los indocumentados.
El objetivo, en dos palabras, es deportar más y más rápido.
El contenido de las directivas se filtró a los medios este
fin de semana, pero este martes el DHS las hizo públicas. Suponen un cambio de
rumbo con la política sobre indocumentados que Barack Obama había seguido sobre
todo al final de su mandato. El antecesor de Trump batió todos los récords en
deportación de inmigrantes sin papeles -433.000 solo en 2013-, pero prioriza
que fueran solo aquellos convictos de delitos graves.
Se amplía a cualquier indocumentado que haya sido condenado
por cualquier tipo de delito Ahora el DHS amplía el espectro de prioridades a
cualquier indocumentado que haya sido condenado por cualquier tipo de delito e
incluso incluye a aquellos imputados por ofensas por las que no han sido
condenados. Además, da la prerrogativa a los agentes de inmigración a que
deporten a aquellos inmigrantes que, a su entender, puedan suponer «un riesgo a
la seguridad pública o a la seguridad nacional».
Las directivas también amplían las condiciones por las que
se puede aplicar una «deportación exprés»: con Obama, era para aquellos
detenidos a menos de 160 kilómetros de la frontera y que hubieran pasado menos
de 14 días de forma ilegal en territorio EE.UU. Ahora se podrá usar este
procedimiento para cualquiera con menos de dos años en EE.UU. y en cualquier
punto del país, lo que aumenta las posibilidades de «deportación exprés» de forma
considerable.
Para poder cumplir con esta nueva política las autoridades
de inmigración -sobrepasadas por la llegada de indocumentados, que superan los
once millones en EE.UU.- requerirá una gran inyección de personal y recursos.
El DHS contratará 10.000 nuevos agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas
-ICE, el nombre que más temen los indocumentados- y otros 5.000 agentes para la
Policía de Fronteras. Además, se ampliará el número de centros de detención de
inmigrantes y se promoverán nuevos acuerdos de cooperación con departamentos de
policía locales, con la idea de convertir a esos agentes en policías
antiinmigración. El programa que articulaba estos acuerdos, llamado 287(g)
había sido abandonado de hecho por Obama. Ahora será un nuevo motivo de
fricción con los condados y ciudades santuario, aquellos que se niegan a poner
recursos locales al servicio de la deportación de indocumentados.
La nueva política también desecha la anterior práctica de
«detener y liberar», por la que muchos indocumentados podían vivir con sus
familias mientras esperaban su comparecencia ante el juez para decidir sobre su
deportación. Según la directiva, ahora deberán quedar detenidos.
Miedo
También se empezará a perseguir a los padres que financien
el viaje de sus hijos menores hasta EE.UU., aunque de momento los «Dreamers»
-750.000 beneficiarios de un programo impulsado por Obama de permiso de trabajo
a niños que ingresaron en el país como menores- no se verán afectados. Trump se
comprometió a tumbarlo durante la campaña, pero en los últimos meses ha dado
marcha atrás.
El anuncio fue criticado por muchas organizaciones a favor
de los inmigrantes, que denunciaron el miedo y la ansiedad que ha provocado en
estas comunidades. Para Clarissa Martínez de Castro, del Consejo Nacional de La
Raza, Trump lo está usando para «crear miedo» y avanzar en la «persecución
indiscriminada de inmigrantes», aseguró a The Washington Post. Según ella, el
mensaje de la Casa Blanca es que «ahora todo el mundo va a ser una prioridad»
para la deportación.