La Corte de
Apelaciones número 9 de San Francisco mantuvo ayer, por unanimidad, la
suspensión de la orden ejecutiva de la Administración Trump, que no logró
convencer a ninguno de los tres magistrados de que la seguridad de Estados
Unidos requiere de la prohibición de viajar y entrar en el país a personas
procedentes de siete países, de mayoría musulmana. La resolución del tribunal
se produce después de las presiones del presidente durante la jornada anterior,
cuando llegó a comparar a sus integrantes con «políticos» y les calificó de
«supuestos jueces». El propio Trump fue el encargado de anunciar, minutos
después del anuncio del fallo judicial, que la Administración recurrirá
inmediatamente. Y lo hizo mediante su herramienta de comunicación favorita,
Twitter: «Nos vemos en la Corte (Suprema). La seguridad del país está en juego».
El tribunal resolvía así sobre el decreto que el presidente
Trump firmó el 27 de enero, en el que se prohibía viajar y entrar en el país a
inmigrantes procedentes de Irak, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Yemen y Siria. En
el caso de los seis primeros países, por un plazo de noventa días. En el del
último país citado, de forma permanente. Después de una aplicación caótica, que
provocó imágenes pocas veces vistas en los aeropuertos y una enorme confusión
sobre si los propietarios de green cards (tarjetas verdes, de permiso de
trabajo) estaban incluidos en la prohibición (fueron finalmente excluidos), el
juez federal de Washington State James Robart había decretado la paralización
de la orden el pasado sábado. Motivo por el que el Departamento de Justicia elevó
recurso inmediatamente a la Corte de Apelaciones de San Francisco.
El tribunal que mantuvo ayer la congelación del decreto lo
integran tres magistrados: Richard R. Clifton, designado por George W. Bush en
2002 y de origen inmigrante; William Canby, el más veterano, nominado por Jimmy
Carter a finales de los 70, y Michelle T. Friedland, propuesta en 2014 por el
presidente Obama. Durante la vista celebrada martes para escuchar los
argumentos de las partes, que fue televisada en directo, los tres jueces ya habían
mostrado poca receptividad a los argumentos de la Administración. Hasta el
punto de que el abogado August Flentje llegó a afirmar: «No estoy seguro de que
esté convenciendo al tribunal».
Pero Donald Trump va a pelear hasta el final, y trasladará
el mismo argumento de defensa de su decreto al máximo tribunal. Aunque el
actual empate a cuatro entre conservadores y progresistas deja en el aire el
posible resultado final del litigio. Mientras tanto, la confirmación de Neil
Gorsuch como noveno magistrado de la Corte Suprema, a propuesta del presidente,
se mantiene también en el alero. En medio de la incertidumbre, ayer se conoció
que el propio afectado había reaccionado con críticas a las presiones de Trump
al tribunal, unas palabras que calificó de «decepcionantes» y
«desmoralizadoras». La jornada de ayer dio para reacciones sorprendentes.
Primero, los senadores demócratas que habían mantenido el encuentro con Gorsuch
a puerta cerrada, fueron los encargados de filtrar sus críticas al presidente.
Después, el propio Trump arremetía contra el senador Blumenthal, la voz
cantante de esa filtración, y le acusaba de «tergiversar» las palabras del
juez. El presidente recordaba las «mentiras» del político demócrata, que fue
sorprendido en un renuncio en 2010, cuando The New York Times descubrió que
nunca había participado en la Guerra de Vietnam, en contra de lo que él había
afirmado repetidas veces. Por último, horas después, algunos demócratas decían
sospechar que todo se debía a un paripé político diseñado por Trump, e
interpretado por el juez, para que los demócratas moderados vieran a Gorsuch
como independiente y terminaran apoyándole para convertirle en el noveno juez
del Supremo. Puro surrealismo.
Eso significa que a pesar del aparente distanciamiento del
juez con respecto al presidente que le nominó, Gorsuch no va a tener fácil
contar con el respaldo de los ocho demócratas que le permitirían convertirse en
juez del Supremo, para alcanzar los 60 (de cien) que supone la mayoría
reforzada. Eso contando con que le apoyen los 52 republicanos. Comienza la
cuenta atrás de una batalla política en el Senado que irá en paralelo a la
tramitación por la Corte Suprema del primer recurso de la Administración Trump,
que dilucidará si su política de inmigración y seguridad ha empezado con buen
pie.